Hacia un índice de transparencia en las residencias de mayores en las 17 comunidades autónomas en España

Policy Brief Series No. 1, 2021

Júlia Garcia Puig (UAB), Alfredo Hernández Sánchez (IBEI), Ixchel Pérez Durán (UAB) 

A diferencia de otros sectores, los servicios de residencias de mayores se desarrollan en gran parte  a puerta cerrada. Aunque las deficiencias en el sector ya habían sido señaladas antes de la COVID-19, el alto porcentaje de personas fallecidas en las residencias ha  hecho evidente la necesidad de llevar a cabo una reforma integral en éstas. En España, una de las principales demandas por parte de los familiares de los residentes ha sido la falta de información sobre el funcionamiento de estos servicios y, en especial, sobre el estado de sus familiares. En este Policy Brief presentamos un índice de transparencia en el servicio de residencias de mayores en España. Nos centramos en analizar hasta qué punto existen mecanismos formales-legales de provisión de información hacia los usuarios y sus familiares por parte de residencias tanto públicas como privadas. En concreto, nos centramos en identificar si la legislación de cada una de las 17 Comunidades Autónomas (CCAA) garantiza la provisión de información de 26 indicadores que están relacionados con la calidad de estos servicios. Estos 26 indicadores miden el suministro de información de aspectos centrales de la calidad de las estructuras, los procesos y los resultados de estos servicios.

Para ello, analizamos 48 legislaciones referentes a servicios sociales, a los servicios de atención a personas mayores y centros residenciales en cada una de las CCAA (ver anexo).  A partir de la crisis derivada por la COVID-19 algunas CCAA, como Castilla y León, están en proceso de creación de una nueva legislación en materia de residencias.  Futuras investigaciones pueden analizar el conjunto de reformas legales que se han implementado a partir de la COVID-19. Asimismo, futuras investigaciones nos permitirán identificar el cumplimiento de estas obligaciones y la realidad concreta en la que viven centros residenciales específicos. Visto en su conjunto, este índice muestra una imagen del grado de desarrollo de las legislaciones a nivel regional. Es importante recalcar la importancia de la obligatoriedad legal porque esto refuerza el derecho que tienen los familiares de los residentes de conocer el estado de sus seres queridos que viven en dichos centros.